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La crisis ha terminado para los precios, debe acabar también para los salarios

La crisis ha terminado para los precios, debe acabar también para los salarios

| miércoles, 15 de febrero de 2017

En enero de 2017 la tasa interanual del IPC experimenta un incremento del 3% en España, y del 2,9% en Aragón, tras cinco meses consecutivos en positivo. Este fuerte incremento obedece al intenso encarecimiento de la electricidad, y otros carburantes muy superior al registrado en enero de 2016.  Electricidad, gasolinas y alimentos castigan el bolsillo de los hogares; es decir, bienes básicos, cuyo aumento de precios supone una merma determinante en la capacidad de compra cotidiana de las familias.

En Aragón, en términos interanuales el IPC subió un 2,96%, porcentaje una décima inferior al nacional. Respecto al mes anterior, los precios bajaron un -0,6%. Por provincias, los descensos fueron: en Huesca un -0,5%, en Teruel un -0,9% y en Zaragoza un -0,6%.

La tasa de variación anual del IPC en España fue del 3%, casi un punto y medio por encima de la registrada el mes anterior. La variación mensual del índice de precios es del - 0,5%.

Este fuerte incremento anual obedece al fortísimo encarecimiento de la electricidad, y otros carburantes muy superior al registrado en enero de 2016. De hecho, los epígrafes en los que el peso de estos elementos es sustancial experimentan aumentos del orden del 7,6% como es el caso de transporte y del 7,4% en vivienda.

Otros elementos tan básicos como los anteriores, alimentos y bebidas no alcohólicas experimentan aumentos del 1%. No obstante, la inflación subyacente, la que elimina en su cálculo alimentos no elaborados y carburantes con precios expuestos a una elevada volatilidad, presenta una tasa interanual del 1,1% lo que expresa que el resto de precios se está recuperando.

            En cuanto a la evolución de los precios en el mes de enero, ésta viene condicionada por las rebajas de vestido y calzado y el descenso de los precios en ocio y cultura una vez finalizadas las vacaciones de navidad. Estos conceptos unidos a menaje y otros, originan que el IPC mensual sea de un -0,6% y de un -0,5% en España y Aragón respectivamente. El resto de epígrafes aumentan, haciéndolo con mayor intensidad en el caso de vivienda y transporte por los motivos ya mencionados de los carburantes y electricidad.

            Por lo tanto, la situación en la que nos encontramos es que la leve recuperación económica se enfrenta a un incremento de los costes de producción no achacables al factor trabajo. Los trabajadores a una considerable pérdida de poder adquisitivo pues todos los precios están subiendo mientras sus nóminas no se han recuperado en el caso de los que tienen empleo y el resto de ciudadanos a un empobrecimiento continúo y creciente. Y todo ello, ante la pasividad de un Gobierno incapaz de dar transparencia al sector eléctrico, para que se sepa realmente cómo afrontar su reforma, soberbio para reconocer la fractura realizada en el mercado de trabajo y pasivo para fortalecer el tejido productivo.

En este escenario económico y social, plantear aumentos salariales desde el 0% hasta el 1,5% como hacen CEOE y CEPYME, resulta insuficiente e inaceptable. Esto solo generaría mayores pérdidas de poder adquisitivo a los trabajadores y trabajadoras, contraería el consumo y la generación de empleo, y aumentaría –aún más- las bolsas de pobreza

Y para ello desde UGT insistimos en reclamar aumentos salariales de entre el 1,8% y el 3% con el fin de fomentar el consumo y la inversión, compensar la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido los trabajadores y trabajadores de nuestro país. Y también en incluir en todos los convenios cláusulas de garantía salarial, para el caso de que los precios crezcan por encima de la previsión utilizada para pactar el convenio.

Además, es necesario reequilibrar las relaciones laborales, equilibrio roto por las reformas laborales de 2010 y 2012. Hay recuperar la prevalencia del convenio de sector sobre el convenio de empresa y la ultraactividad de los convenios, para recobrar la plena autonomía de las partes y garantizar una negociación colectiva capaz de mejorar la calidad del empleo, pieza clave para asegurar un crecimiento económico más equitativo y sostenible y el mantenimiento del Estado de Bienestar

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