El Servicio postal amenaza con huelga si no se introduce su situación en la agenda política

El secretario del sector Postal de FeSP UGT Aragón, Miguel Ángel Sarasa ha acusado al Gobierno de "desidia" ante los recortes que ha planteado a nivel presupuestario para el Servicio Postal Público en 2018 y ha tachado de "inadmisible" el bloqueo político, institucional y empresarial al que se está sometiendo a la empresa, a los ciudadanos por los retrasos en la entrega y la pérdida de calidad en el servicio, así como a la plantilla por la sobrecarga de trabajo.

En una rueda de prensa junto a CCOO han considerado que el Gobierno hace una renuncia explícita hacia la empresa pública y a los proyectos de futuro, al bloquear el Plan Estratégico de Correos, impidiendo la diversificación hacia cualquier proyecto de paquetería, financiero y de internacionalización y en la práctica, abriendo la puerta a la pérdida de grandes clientes. Ambos sindicatos han advertido un proceso inminente de movilizaciones a finales de año y principios del que viene, si no introduce al Correo Público en su agenda política ya que tendría consecuencias dramáticas: estaría condenada a ser una empresa pública "residual" con un déficit del que difícilmente podría recuperarse y con pérdida de miles de empleos.

En la Provincia de Zaragoza en concreto, el recorte de la financiación y el bloqueo del Plan Estratégico se traducirían en unos 100 empleos menos, y una clara e inmediata desatención de poblaciones como Zaragoza, Belchite, Daroca, Ejea, Tarazona y localidades dependientes de estas, que serían las primeras en notar el recorte.

Por ello, CCOO y UGT han apremiado al Ejecutivo medidas que han de pasar por la recuperación de la financiación pública postal recortada en los presupuestos, estabilización del Plan de Prestación del Servicio postal Universal con una cuantía entre 200-230 millones de euros y la aprobación del Plan Estratégico para impulsar el desarrollo de Correos como operador postal moderno, tecnológicamente avanzado, logístico, financiero y diversificado.

Igualmente, en este marco, CCOO y UGT han exigido un nuevo  Convenio Colectivo y Acuerdo funcionarial actualizados que recojan el incremento y adecuación de la plantilla fija mediante la trasformación del empleo estructural cubierto con personal eventual, que representa el 30 %, un aumento salarial, junto con la mejora de las condiciones laborales.