CLECE debe retirar del ERTE a los monitores de natación

FeSMC-UGT Aragón entiende que la fórmula del ERTE es absolutamente improcedente en este caso, y que puede ser utilizada para cargar en fraude de ley costes a los Servicios Públicos de Empleo. El sindicato a través de su representación en la empresa ha denunciado estos hechos ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y exige a la empresa la desafección inmediata de este colectivo, dentro del procedimiento de ERTE, al no ser ajustado a Derecho.

El artículo 34.1 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, establece la posibilidad de que las contratas municipales soliciten al Ayuntamiento de Zaragoza la suspensión de los contratos de prestación de servicios con éste, y asegurarse el cobro de los salarios de los trabajadores, algo que convierte en absolutamente innecesaria y fraudulenta la tramitación de expedientes de regulación temporal de empleo. Esta disposición legal es una medida garantista que trata de proteger a los trabajadores y asegurar la viabilidad de los contratos con las empresas, incluso si estos son suspendidos.

El 29 de marzo, la empresa CLECE S.A. presentó un ERTE en todo el Estado por fuerza mayor y en Zaragoza afecta al contrato del servicio del programa “Natación invierno y Escolar 2018/2019 y 2019/2020” y Natación verano 2019 y 2020”. Fue formalizado el 23 de julio de 2018 y suscrito entre CLECE, S.A. y Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U, servicios en los que trabajan 44 trabajadores.

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Zaragoza Deporte Municipal, y en consonancia con el artículo 34.1 del RDL 8/2020, envió el pasado 27 de marzo a las empresas contratadas -entre ellas CLECE- un escrito en el que se dice literalmente: ‘El pago de la indemnización supone la no realización de ningún despido de personal, ni iniciar un procedimiento de regulación de empleo, manteniendo en todo caso las condiciones de estabilidad laboral’. Con ‘pago de la indemnización’ Zaragoza Deporte Municipal se refiere a que abonará a CLECE los gastos salariales de los trabajadores, y también de Seguridad Social, desde que las instalaciones deportivas quedaron cerradas hasta que se levante el Estado de Alarma.