Las cinco organizaciones sindicales de la Unizar (CCOO, CGT, CSIF, SOMOS y UGT) rechazan unitariamente el modelo actual de los complementos retributivos autonómicos, un incentivo económico adicional a las retribuciones básicas del personal docente e investigador de las universidades públicas (PDI), que están vinculados a méritos individuales de docencia, investigación, transferencia y gestión.

Denuncian pérdidas de hasta 6.000 euros por persona en el último lustro y diferencias salariales de más de 12.500 euros anuales respecto a las comunidades con mejores condiciones (Cataluña y Navarra), estando el PDI aragonés a la cola en retribuciones en todas las etapas de la carrera académica (inicial, media y de excelencia). Los sindicatos de Unizar alertan sobre los desequilibrios que provoca esta situación entre las Universidades como factor determinante para la atracción y retención del talento académico para la Universidad de Zaragoza.
 

Ante la inminente finalización del contrato-programa 2024-2026 que regula los complementos retributivos autonómicos en Aragón, todas las organizaciones sindicales representantes del Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Zaragoza se han unido para exigir un cambio radical en el modelo retributivo que ponga fin a décadas de discriminación salarial respecto al resto de universidades públicas.

La Ley Orgánica de Universidades (LOU, 6/2001) incorporó la posibilidad de establecer retribuciones adicionales en las comunidades autónomas para el PDI funcionario o laboral, ligados a méritos individuales de docencia, investigación y gestión, que actualizó la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU, 2/2023). Esta descentralización ha generado una acusada variabilidad en los ingresos finales del profesorado universitario con carreras académicas similares, provocando una brecha salarial autonómica en todo el Estado que puede llegar a los 17.000 euros anuales.

El PDI aragonés se sitúa a la cola estatal en todas las etapas de la carrera académica (inicial, media y de excelencia), una situación de desventaja que no se corresponde con el alto nivel que la Universidad ocupa en los rankings de excelencia nacionales e internacionales, ni con la riqueza territorial, ni con el coste de vida local. En Aragón, el techo retributivo de estos complementos es de 5.670 euros anuales para la máxima exigencia (más de 36 años de carrera académica y 6 sexenios), que es el más bajo del Estado junto con Castilla y León (4.560 euros) y algunas universidades madrileñas (aprox. 3.100 euros), comunidades en las que la cuantía es independiente de los méritos individuales.

El problema no es únicamente que Aragón presente unas cuantías inferiores a las de prácticamente todas las CC.AA. para los mayores niveles de exigencia. También lo es el modelo que los regula, que desde sus inicios en 2003 está basado en contratos-programa renegociables cada 3 o 4 años con criterios de evaluación cambiantes y sujeto a coyunturas políticas o administrativas variables, con una financiación global fija que no contempla ni el incremento de profesorado ni el de méritos, ni se actualiza con el IPC, a diferencia de lo que ocurre en el resto del Estado. Esto último ha provocado que tan solo en los últimos 5 años se haya producido una pérdida nominal de 680 euros anuales por persona y, si se tiene en cuenta la pérdida del poder adquisitivo, de hasta 6.000 euros anuales.

La propuesta de las organizaciones sindicales, representantes del PDI de Unizar, es la de un modelo de financiación regulado por decreto, como en la práctica totalidad de las CC.AA., basado en tres pilares: (1) Criterios de evaluación consolidables y progresivos, similares a los estatales, estables y acordes a la labor real del PDI. (2) Financiación estable, incluida en Capítulo 1 del modelo de financiación de la Universidad, con una cuantía individual fija por mérito (evitando que el importe disminuya al aumentar el profesorado y los méritos), y que se actualice con el IPC, de igual manera que en la mayoría del resto de CC.AA. (3) Financiación suficiente para alcanzar la equiparación salarial con, al menos, la media de las universidades públicas españolas.

Desde su inicio, en 2003, Aragón ha estado a la cola de todo el Estado. El establecimiento de unos complementos estables, sin pérdida de poder adquisitivo y equiparables al resto del Estado es ya una cuestión de justicia inaplazable.