UGT Servicios Públicos Aragón ha mostrado su preocupación por la situación que atraviesan los centros de menores en Aragón: “El sistema está al límite” ha lamentado Ángelica Mazo, vicesecretaria general y responsable de los servicios a la comunidad y atención social del sindicato en una rueda de prensa esta mañana de la Plataforma de Reforma juvenil y protección de menores, de la que forma parte la organización.

Mazo ha explicado que las plantillas son “insuficientes”, la carga de trabajo “es cada vez mayor” y las condiciones salariales no reflejan “ni la responsabilidad, ni la complejidad del trabajo” de los profesionales que atienden a menores en situación de especial vulnerabilidad. Ante esta situación, se ha referido al hartazgo de las plantillas, que les ha llevado a la convocatoria de huelga los días 2,3 y 4 de marzo, una movilización que ha calificado de “necesaria” ante el bloqueo de las negociaciones y el “deterioro constante” de las condiciones laborales.

UGT Servicios Públicos ha advertido que el modelo actual ha provocado una “precarización progresiva” del sector y en numerosos centros se producen “situaciones de tensión” que requieren más personal, formación y protocolos “claros” que garanticen la seguridad de trabajadores y menores. “No podemos seguir normalizando que se preste un servicio esencial con recursos claramente insuficientes” ha zanjado Mazo.

Para UGT, una de las claves para resolver el conflicto pasa por la creación de un convenio autonómico en Aragón que permita ordenar el sector y garantizar condiciones laborales dignas. Actualmente, la diversidad de entidades gestoras y marcos laborales genera desigualdades entre profesionales que realizan el mismo trabajo. Un convenio autonómico permitiría establecer salarios justos, ratios adecuadas de personal, medidas de seguridad y estabilidad laboral.

La vicesecretaria general de UGT Servicios Públicos ha exigido soluciones a las administraciones y a las entidades gestoras para que asuman su responsabilidad y se sienten a negociar “soluciones reales”. En este sentido ha añadido que “mejorar las condiciones de quienes trabajan en los centros de menores, es también mejorar la atención que reciben los propios menores”.