La Federación de Servicios Movilidad y Consumo (FeSMC de UGT Aragón) alerta de la situación de inseguridad jurídica y laboral en los centros deportivos municipales Alberto Maestro-Tenerías y Palafox, que afecta a 60 trabajadores y trabajadoras, ante la finalización del contrato actualmente vigente y la falta de planificación del Ayuntamiento de Zaragoza. El sindicato le exige que, de manera inmediata aclare públicamente el calendario de actuación, garantice por escrito la continuidad del servicio y se logre así la subrogación íntegra de la plantilla. 

El Ayuntamiento no ha activado en tiempo y forma los mecanismos previstos en la Ley 9/2017, de Contratos del sector público. Por otro lado, la UTE Piscinas Zaragoza (Salzillo Servicios Integrales–Imesapi), adjudicataria del servicio de control de accesos, mantenimiento y socorrismo, ha comunicado formalmente que no continuará prestando el servicio a partir del 30 de abril de 2026, fecha de finalización del contrato. 

La Ley de Contratación del Sector Público establece con claridad la obligación de las Administraciones Públicas de planificar adecuadamente sus contratos, garantizando la continuidad de los servicios públicos y evitando vacíos contractuales. El artículo 28 de la citada ley impone a los órganos de contratación el deber de programar con la debida antelación. Asimismo, la propia normativa prevé mecanismos como la prórroga contractual —si estuviera prevista en pliego— o la tramitación anticipada de nuevos expedientes para evitar interrupciones en la prestación del servicio.

Sin embargo, a fecha actual no se ha publicado el nuevo pliego de licitación; no se ha comunicado oficialmente ninguna prórroga del contrato, ni se ha garantizado formalmente la subrogación de la plantilla.

Esta dejación de funciones no es una cuestión meramente administrativa: supone colocar en una situación de absoluta incertidumbre a sus plantillas y comprometer la continuidad de un servicio esencial para miles de usuarios de la ciudad.

La posible interrupción del servicio el 1 de mayo no sería consecuencia de una causa sobrevenida o imprevisible, sino de una falta de diligencia en la gestión contractual por parte del Ayuntamiento. La contratación pública no puede gestionarse al límite de los plazos ni a costa de los derechos laborales de quienes sostienen el servicio día a día.

Desde FeSMC UGT Aragón advierte que no va a aceptar que la desorganización administrativa se traduzca en despidos, pérdida de derechos o deterioro del servicio público