Los tres sindicatos comienzan el jueves 30 de octubre un calendario de movilizaciones bajo el lema “Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos" ante las subdelegaciones del Gobierno en toda España y ante el Ministerio de Función Pública en Madrid.

En Aragón han convocado concentraciones ante las subdelegaciones del Gobierno en Zaragoza y Teruel a las 12.00 horas y en Huesca a las 11.00 según han explicado esta mañana en una rueda de prensa Miguel Sarasa, secretario general de UGT Servicios Públicos Aragón; Esmeralda Gómez, coordinadora del Área Pública de CCOO Aragón y José Luis Santafé, presidente de CSIF Aragón.

Las tres organizaciones, presentes en la Mesa General de la Función Pública, que representan a más del 80% del personal público, exigen al Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública exigen iniciar la negociación de un nuevo acuerdo que permita aplicar la subida salarial de este año y recuperar poder adquisitivo al conjunto de empleadas y empleados públicos, mejorar sus condiciones laborales y establecer un plan de empleo que mejore nuestros servicios públicos. En España hay más de 3,5 millones de empleados públicos y en Aragón, más de 100.000, que tienen este año sus sueldos congelados.

Miguel Sarasa, secretario general de UGT Servicios Públicos ha señalado que la negociación colectiva está bloqueada “sin justificación” y ha recordado el ejercicio de responsabilidad que en momentos de crisis económica han realizado los empleados públicos. En este sentido ha calificado de “hipocresía política” que en un momento de “bonanza económica” esté paralizado el nuevo acuerdo salarial.

UGT, CCOO y CSIF piden medidas y garantías para recuperar el poder adquisitivo perdido. Además, denuncian el deterioro progresivo de los servicios públicos, y señalan la necesidad de rediseñar las administraciones públicas. Critican la falta de personal, el envejecimiento de las plantillas y la desmotivación, que se traducen en el malestar de las personas usuarias. 
Miguel Sarasa también ha subrayado que en 20 años se han perdido 40.000 empleos públicos en España y que de seguirse esta progresión la administración pública se “desangra”.
 

Los tres sindicatos no descartan continuar con las movilizaciones, si no se producen avances en las negociaciones.