Mañana, jueves una delegación de UGT SP Aragón, encabezada por el secretario general, Miguel Sarasa se reúne con el Consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro para solicitar la convocatoria de la Mesa general de negociación -recogida en el artículo 36.3 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para abordar además de esta cuestión, la planificación de la negociación colectiva de forma centralizada como la ley dispone y afrontar la Ley de Función Pública en Aragón, que está pendiente de desarrollo.

Durante esta mañana, el secretario general de UGT Servicios Públicos, Miguel Sarasa, junto a los responsables de los sectores Autonómico, Enseñanza y Sanidad; Antonio Herrera, Medea Gracia y Vanessa Pellicena, respectivamente han comparecido en rueda de prensa en el Centro de Formación Arsenio Jimeno para anunciar la propuesta sindical que quieren trasladar, a la administración autonómica.

El secretario general de UGT Servicios Públicos Aragón, Miguel Sarasa se ha referido al “descontento” que está aflorando en forma de movilizaciones en el empleo público en la comunidad autónoma y que ha relacionado con “el deterioro del poder adquisitivo y la precariedad” que no se han paliado a pesar firmar acuerdos salariales en el ámbito estatal y ha alertado que la respuesta “fragmentada” de la administración puede añadir “más frustración y más conflicto”.

Durante su intervención ha explicado que la precariedad no ha disminuido claramente, a pesar de los procesos de estabilización y que las formas extraordinarias de provisión de puestos de trabajo se están convirtiendo en habituales. El nivel de temporalidad en el Gobierno de Aragón (incluidos todos los sectores: Administración general, Sanidad, Educación y Justicia) era, según datos oficiales, en junio de 2025 del 47.7%. “Tampoco se ha frenado el deterioro del poder adquisitivo”. En este sentido ha señalado que los empleados públicos han sufrido una pérdida media del quince por ciento entre 2010 y 2025 (incluyendo el recorte acumulado del 5%) “empobreciendo a quienes prestan los servicios públicos más básicos”, aunque el resto de los salarios apenas han mantenido el poder de compra.

Un contexto, en el que el secretario general de UGT SP Aragón ha lamentado que además no se hayan desarrollado los elementos legales “que deben dar soluciones estructurales y ordenar los distintos sectores públicos” en función de sus características territoriales y funcionales y encauzar el conflicto. Solo cinco comunidades autónomas disponen de Ley de función pública (Castilla la Mancha, Extremadura, Galicia, País Valenciano y Andalucía) que desarrollan las bases de EBEP.

A partir de 2023 la recuperación se ha hecho más firme y los ingresos públicos se han incrementado notablemente, por lo que las comunidades autónomas disponen de fondos para afrontar la deuda pendiente con sus empleados públicos. El deterioro de las administraciones públicas había empezado con las medidas de austeridad impuestas desde 2008 y se prolongaron hasta 2014. El 2015 se empezaban a recuperar los servicios públicos, pero la pandemia del Covid 19 y la invasión de Ucrania en 2022 por parte de Rusia, introdujo nuevas incertidumbres.

Por ello el sindicato solicitará mañana al Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón la convocatoria de la mesa general de la negociación (art. 36.3 del EBEP) “para que la negociación colectiva se planifique a través de procesos centralizados que reenvíen la negociación a las mesas sectoriales para la aplicación de los criterios generales previamente acordados”, como la ley recoge y donde debe incluirse el capítulo I del proyecto de Presupuesto generales para 2027, que el Gobierno de Aragón debe presentar a las Cortes de Aragón.

UGT SP Aragón mañana también planteará la necesidad de que la Mesa general aborde la negociación de la Ley de Función Pública de Aragón, aplicable no solo a los empleados públicos de la administración autonómica, sino también a los de las administraciones locales. Para ello el Gobierno de Aragón debe convocar a las centrales sindicales habilitadas para esa negociación por el EBEP y la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

La ley deberá recoger asuntos tan importantes como la selección de personal y la cobertura de puestos de trabajo; la función directiva y su regulación; la homogeneización de los criterios de carreras profesionales; la homologación de condiciones de trabajo entre puestos con funciones similares; la creación de órganos especializados de selección de personal; la movilidad entre administraciones aragonesas o la dificultad de cobertura de puestos de trabajo en el territorio, entre otras materias.

La ley de Función Pública afectará a 87.349 personas, entre el total de la Diputación General de Aragón (Administración Genera, Justica, Educación y SALUD), la Administración local y la Universidad.